La “autonomía policial territorial”, el narcotráfico y la desfederalización. Por Walter Martello

Diputado (MC) integrante de las comisiones de seguridad y adicciones, autor del libro "20x20 ¿Sin Salida?", la historia de 20 años, 20 ministros en la provincia de Buenos Aires y el fracaso de la política de seguridad.
¿Qué hacer con el delito vinculado al narcotráfico? ¿Ayudará la creación de la policía comunal?, o será otorgar más poder territorial a una fuerza que de por sí goza en los hechos de una autonomía no conferida.
Hace pocos meses, Julián Axat escribía como conclusión de un análisis estadístico: “En pocas palabras, en la provincia de Buenos Aires, toda la cuestión del Narcotráfico se reduce a la falta de independencia, transparencia, control y coordinación estratégica superior, como a la necesidad del fuerte gobierno civil de sus fuerzas de seguridad, como contracara del excesivo poder de gestión (territorial) otorgado que las termina vinculando a aquello que se quiere reprimir”.
Y nos dejaba un dato inquietante: “A fines de 2013, el Ministerio Público de la Provincia agrega un dato interesante en su página web (sólo se accede al último período 2012). Del total de 32.109 IPP, sólo fueron asistidos por un defensor 1.869 personas (no desagrega en casos del Fuero Penal Juvenil). Este último dato deja entrever un mundo oculto entre las estadísticas, que en caso de desagregarse, mostraría una cifra de alta gestión policial de libertades públicas basadas en la ley 23.737 que no tienen correlato judicial. Pues de haberlo tenido, las intervenciones de la defensa hubieran estado registradas y no serían 1869 de un total de 32.109 IPP. Semejante diferencia nos lleva a pensar que las investigaciones iniciadas en la Provincia de Buenos Aires durante 2012, por la justicia local, fueron avasallamiento de libertades sin derecho de defensa alguna. Pero además, por el hecho de no figurar actos de asesoramiento legal, se trataron de meras sindicaciones policiales, y algunas de ellas (no sabemos cuántas pero presumimos que se trata de un 90%) implicaron privación de la libertad de una persona durante breve lapso, que luego terminó en un archivo”.